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“Vengo laburando hace una banda de tiempo… ya vengo hace dos años… una banda de presos está laburando así, en todos lados laburan así… en la 30 (Unidad de General Alvear) están laburando todos, en todos los pabellones están laburando“. Este es uno de los mensajes de voz que la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado descubrió al investigar el suicidio del soldado Rodrigo Andrés Gómez (21). Rodrigo se mató la madrugada del 16 de diciembre de un disparo en la cabeza en su puesto de guardia en la Quinta Presidencial de Olivos.

Gómez había sido engañado por una banda de presos que operaba desde la cárcel de Magdalena a través de teléfonos celulares. Haciéndose pasar por policías, lo convencieron de que la madre de una menor de edad lo estaba denunciando por acosar a su hija por una aplicación de citas. Aunque no era cierto, Gómez se sintió acorralado y, al no poder pagar las extorsiones, se suicidó. Fue víctima de “un laburo” tumbero.

El caso del soldado volvió a poner en debate público el uso de los teléfonos celulares en manos de los presos. Y sobre todo en manos de los presos bonaerenses que, desde la pandemia de COVID-19, están habilitados a tener este medio de comunicación, aunque cada línea debe ser identificada y registrada por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

El problema no es nuevo pero sí muy complejo.

Actualmente los presos alojados en cárceles del SPB tienen 48.693 dispositivos celulares registrados que pueden usar libremente. Sus conversaciones no pueden ser monitoreadas a menos que haya orden judicial específica.

A eso se suman los aparatos que entran a las unidades de contrabando (a través de familiares o guardias). Esto es algo que pasó siempre y que pasa aun en todas las cárceles del país.

Un ejemplo reciente: el miércoles pasado, la Policía Federal atrapó a una banda que, desde el Complejo Penitenciario Almafuerte de Lujan de Cuyo, Mendoza, hacia sextorsiones. A través de una red social había contactado a un hombre en Chubut y le había hecho el mismo engaño que al soldado Gómez. Esta víctima, padre de familia, también había estado a punto de suicidarse. Por suerte hizo la denuncia.

Los celulares que entran a las cárceles de contrabando son, por lógica, los que más se usan para cometer delitos. Pero hay excepciones. Y el caso de Gómez fue una: al menos un número de los usados en esos casos estaba registrado por el SPB.

Segun registros oficiales del Ministerio de Justicia Bonaerense, en 2025 se secuestraron 1.525 celulares ilegales: 1.366 de ellos se encontraron en requisas de rutina y otros 159 se secuestraron por orden de la Justicia,

Una verdadera bomba de tiempo que hace unos días la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado -a cargo del caso del soldado Gómez- pidió desactivar en una nota enviada al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena.

“Tal como surge de las constancias del expediente en el que me dirijo, como así también, de otros sustanciados ante esta misma sede judicial a mi cargo y -según entiendo- de muchos más instruidos no sólo en el ámbito de la Justicia federal, sino también y fundamentalmente de la Justicia provincial, el uso de teléfonos celulares en el ámbito carcelario bonaerense es principalmente una herramienta de ‘trabajo’ imprescindible y esencial para que personas que se encuentran detenidas de manera preventiva por delitos graves o ya condenadas continúen con su empresa criminal o incursionen en otras posibles dadas las limitaciones derivadas de su privación de libertad física”, dice el escrito.

“En el contexto actual, la persistencia del uso de celulares en el ámbito carcelario estatuida para una coyuntura de emergencia ya concluida, terminó generando un espacio de vulnerabilidad institucional que -como quedó evidenciado en la investigación mencionada, como en muchas otras- ha sido aprovechado para organizar y ejecutar delitos de distinta naturaleza y gravedad desde el interior de los establecimientos penitenciarios“, agregó Arroyo Salgado.

La jueza envió una nota similar al Procurador de la Corte Bonaerense, Julio Conte Grand, del que dependen todos los fiscales de la provincia de Buenos Aires: “Se verificó que la disponibilidad y el uso no controlado de dispositivos electrónicos en contextos de encierro ha facilitado la planificación, coordinación y ejecución de ilícitos de extrema gravedad tales como homicidios por encargo, amenazas, extorsiones, estafas y secuestros virtuales, maniobras de narcotráfico, de bandas de robos domiciliarios y de autos violentos, grooming, distribución de pornografía infantil, trata de personas, corrupción, intimidación y extorsión hacia víctimas y testigos, además de ataques virtuales en situaciones de violencia de género, entre otras conductas penalmente reprochables”.

Juan Martin Mena, ministro del que actualmente depende el SPB, no es un improvisado en temas carcelarios. En 2009 fue subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación y durante la pandemia de COVID-19 se ocupó de las unidades federales como secretario de Justicia de la Nación.

Paradójicamente, o no, él mismo se opuso a que los presos alojados por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) tuvieran teléfonos celulares durante la cuarentena. Claro que las unidades del SPF podían garantizar la comunicación de los internos con sus familias a través de suficientes teléfonos públicos de los pabellones. El SPB no tenía esa posibilidad y, por eso, la Justicia autorizó la entrada de dispositivos.

El problema es que no se fijó fecha de caducidad de esa medida y la cosa quedó como derecho adquirido. Además, en el ámbito penitenciario de la provincia de Buenos Aires, ya de por sí, nunca estuvieron prohibidos los celulares.

Hoy, siempre y cuando la línea este oficialmente registrada, es legal que un preso bonaerense tenga celular y lo use. ¿Delinquen con esas líneas? Las autoridades sostienen que no, o al menos en su inmensa mayoría. Desde el juzgado de Sandra Arroyo Salgado contestan que, en el caso de Gómez, se uso al menos una línea de las habilitadas legalmente.

A lo que apunta Arroyo Salgado es a la eliminación del uso de telefonía celular en las cárceles. Sin embargo, esto -con lo que muchos coincidirían, tal vez el propio Mena- no es de fácil aplicación en la realidad.

“No se puede entrar un día a los penales y dejar a 50 mil presos sin el celular con el que se comunican con sus familias. Es materialmente imposible. Nos prenden fuego todo. Un motín tras otro. La oportunidad era cuando terminó la pandemia, y se dejó pasar. Ahora es muy complicado”, explicó a Clarín una fuente del gobierno bonaerense que sostiene que el uso de celulares -aunque claramente se usan para el delito- también ha bajado mucho los niveles de conflictividad intramuros.

Como siempre, nada que se relacione con las prisiones tiene una sola lectura. Desde los celulares habilitados salen videos escandalosos que indignan a la gente y las conversaciones no se controlan de manera que las acciones preparatorias de un delito sólo se frenan si son denunciadas por la Justicia.

Es todo un tema. Por ejemplo, los integrantes de la llamada “Banda del Millón“, que asaltaban jubilados en San Isidro, tienen prohibido el uso de cualquier tipo de celular. Esto para el SPB representó un desafío: por un lado, controlar que no les llegue ningún aparato de contrabando, y por otro nadie los quería en sus pabellones para no quedarse ellos sin celulares.

Se sabe, las cárceles son un complejo ecosistema en el que una pieza mueve la otra. Y el equilibrio es frágil.