Telefónica ha obtenido una importante victoria judicial en México que despeja una de sus mayores incertidumbres en un momento clave para su estrategia internacional de desinversiones en la región. La filial mexicana, puesta a la venta al igual que el resto del negocio en Latinoamérica —a excepción de Brasil—, ha recibido el respaldo definitivo de la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha confirmado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no podrá impugnar el amparo que ya beneficiaba a la operadora, lo que en la práctica supone que la empresa no tendrá que pagar los 4.442 millones de pesos, equivalentes a unos 230 millones de euros, por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal de 2015. El conflicto trasciende al ámbito financiero ya que había provocado un enfrentamiento con el gobierno de Claudia Sheinbaum.
El fallo del máximo tribunal pone punto final a un litigio que se ha prolongado durante casi una década y que tuvo su origen en una compleja reestructuración corporativa: la fusión empresarial realizada en 2014 por Pegaso PCS, filial de Telefónica en México. La controversia se inició formalmente cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) rechazó la deducción de gastos derivados de dicha fusión, argumentando que la operación no cumplía con los requisitos legales para reducir la carga impositiva de la compañía. Esta negativa llevó, en el año 2019, a la determinación de un crédito fiscal millonario que Telefónica decidió combatir en todas las instancias posibles. Aunque la resolución del SAT fue confirmada inicialmente en 2022 por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la operadora mantuvo su ofensiva legal con una estrategia basada en la protección constitucional.
En enero de 2023, un tribunal administrativo dio la razón a la empresa y declaró la nulidad del crédito fiscal, otorgando un amparo que el Gobierno mexicano intentó revertir sin éxito hasta llegar a la Suprema Corte. La clave del éxito definitivo para la multinacional española ha sido un argumento de procedimiento técnico más que de fondo: la mayoría del pleno de la Corte determinó desechar el recurso de revisión interpuesto por la Secretaría de Hacienda al concluir que la institución no contaba con la legitimación jurídica necesaria para interponer dicha reclamación en este caso concreto. Al carecer de esta facultad legal para impugnar la sentencia del tribunal colegiado, el recurso de la autoridad fue desechado de plano, lo que automáticamente convirtió la sentencia de nulidad en un fallo firme e inapelable.
En términos jurídicos, esto significa que la protección de la justicia federal concedida a Pegaso PCS ya no puede ser cuestionada, blindando a la compañía de cualquier intento futuro de cobro por parte del fisco sobre este ejercicio fiscal específico.
Sin embargo, el fallo ha reavivado un intenso debate sobre los límites de la autoridad hacendaria y el alcance de la protección constitucional en materia tributaria. Lenia Batres, ministra de la SCJN (miembro del tribunal), votó de forma contundente en contra del criterio mayoritario, argumentando que Hacienda sí debería tener facultades plenas para defender los intereses fiscales del Estado cuando se trata de montos tan elevados. La Suprema Corte mexicana hace las veces de Tribunal Supremo y de Tribunal Constitucional.
Batres advirtió que el otorgamiento del amparo podría vulnerar el artículo 31 de la Constitución mexicana, que establece la obligación de todos los ciudadanos y empresas de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. Además, la ministra recordó que el artículo 28 prohíbe de forma absoluta la condonación de impuestos, una restricción que, según su visión, debería aplicarse también al Poder Judicial para evitar que grandes corporaciones eludan sus compromisos impositivos.
Uno de los puntos más polémicos destacados por Batres en el pleno fue que la deducción que benefició a Telefónica provino de la operación y explotación de una red pública de telecomunicaciones. Al tratarse de una actividad regulada por el propio artículo 28 y ser motivo de una concesión estatal, la ministra sostuvo que la protección judicial otorgada configuraba una violación constitucional, ya que se estaba permitiendo una deducción sobre ingresos derivados de un bien público. A pesar de estas críticas, que reflejan la actual tensión política en México entre el Gobierno y el Poder Judicial, la decisión de la mayoría de los miembros del tribunal prevaleció, priorizando el principio de legalidad procesal y los derechos de los contribuyentes frente a las facultades de la administración pública.
Hostilidad institucional
Este triunfo en los tribunales llega en un momento crítico para el futuro de la operadora española en el país, ya que la situación fiscal ha escalado hasta el máximo nivel político. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha referido directamente a la controversia asegurando que el dinero que la firma española se niega a pagar es, en realidad, “dinero del pueblo”. Estas declaraciones subrayan la tensión existente entre la multinacional y el Ejecutivo federal, elevando el tono de una disputa que trasciende lo estrictamente jurídico para convertirse en un factor de presión social y política sobre las operaciones de la compañía en territorio mexicano.
Esta hostilidad institucional y la incertidumbre legal estaban condicionando la posible venta de la filial, una operación que Telefónica negocia activamente con Beyond One. Este grupo, con sede en Dubái y propietario de Virgin Mobile México, surgió como el principal candidato para adquirir el negocio tras desvelarse el interés de la agencia el pasado mes de julio. Beyond One ya reforzó su presencia en la región en 2023 tras la compra de Virgin Mobile Latin America, un operador móvil virtual (OMV) que no dispone de red propia. La marca desembarcó en el mercado mexicano en junio de 2014, pero apenas tiene el 1% del mercado, lo que convertiría la adquisición de los activos de Telefónica en su gran salto estratégico para competir a escala nacional.
Desde el punto de vista financiero, el negocio de Telefónica en México cuenta con un valor estratégico considerable, estimado en unos 517 millones de euros según informes de la firma de análisis Kepler Chevreux. Actualmente, la operadora española controla cerca del 19% del mercado móvil mexicano, en un sector dominado por el gigante local América Móvil, controlado por el magnate Carlos Slim. Para que un comprador como Beyond One asuma el control de este activo, la limpieza del balance y la resolución de pasivos contingentes son requisitos indispensables para fijar un precio de compra final y asegurar la rentabilidad de la inversión.
