La juez primera Penal Especializada de Bogotá ha condenado a Katherine Andrea Martínez, Gabriela, a 21 años y dos meses de prisión por varios delitos relacionados con el homicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El atentado, ocurrido en junio del año pasado en Bogotá, conmocionó a la sociedad colombiana y marcó con una tragedia el inicio de la actual campaña electoral. Apenas dos semanas después de que un sicario le disparara al político en plena plaza pública, las investigaciones de la Fiscalía condujeron hacia Martínez, de 19 años, de quien se dijo habría participado tanto en la planeación como en la ejecución del atentado.
Aunque inicialmente Gabriela negó las acusaciones —“No acepto”, dijo en la audiencia de imputación—, después de varios meses y con su rostro registrado en las cámaras de seguridad, que daban cuenta de su participación, admitió que cometió los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y uso de menores de edad para la comisión de un delito. Lo aceptó en un preacuerdo que firmó con la Fiscalía, documento que fue avalado este lunes por la juez. Ninguna de las partes presentó ningún recurso contra esa decisión, por lo que la sentencia ha quedado en firme.
Con esta decisión, Martínez se convierte en la segunda persona juzgada en el marco de una investigación en la que han sido capturadas nueve personas, pero en la que las autoridades no han logrado llegar a quiénes ordenaron el asesinato. El primer condenado fue el joven sicario de 15 años que propinó los disparos que acabaron con la vida del senador. El adolescente fue sancionado con siete años de reclusión en un centro especializado para menores de edad, luego de aceptar su responsabilidad en el crimen. Desde el inicio del caso, Gabriela fue señalada de haber sido la encargada de entregar la pistola homicida al joven sicario.
Su testimonio y colaboración con la justicia le permitieron a la Fiscalía llegar hasta alias El Costeño, considerado el principal articulador de la red organizada para asesinar al político de derechas, y su enlace con los determinadores del delito. A partir de allí, la justicia pudo armar el organigrama criminal que apunta a la autoría intelectual de la Segunda Marquetalia, uno de los grandes grupos de disidencias de la extinta guerrilla de las Farc.
Según ha señalado la misma fiscal general, Luz Adriana Camargo, Gabriela viajaba al departamento de Caquetá, donde fue capturada y donde tiene presencia la Segunda Marquetalia. “Viajaba a Florencia [la capital] y ¿a qué viajaba? ¿Por qué viajaba al Caquetá?“, dijo en octubre pasado, tras la captura de alias El Viejo, un logro que terminó de reforzar la responsabilidad de estas disidencias, que era una de las hipótesis más fuertes que se barajaban desde un principio.
Aunque Martínez había trabajado previamente como mensajera del grupo sicarial, dijo que desconocía el delito para el que iba a usarse el arma que le pidieron transportar. Según testificó, solo seguía órdenes. La aparente indiferencia que se le vio en las primeras audiencias fue reemplazada por una disculpa. Tras la lectura de la sentencia, este lunes, le pidió perdón a toda la familia de Uribe, pero sobre todo a su esposa, María Claudia Tarazona, y a su hermana, María Carolina Hoyos. “Mi error fue muy grande”, dijo, y prosiguió: “Con todo el amor y la sinceridad del mundo les pido disculpas a todos, porque yo también soy hija y porque también tengo mis familiares y sé que es muy doloroso, pero en el fondo de mi corazón, solo Dios sabe que yo nunca quise hacerle daño a Miguel. Sin embargo, mis actos dijeron todo lo contrario” dijo en la audiencia.
