Emulando, humildemente, a muchas personas que en siglos precedentes utilizaban el intercambio epistolar o la publicación de réplicas a diferentes posicionamientos a través de artículos públicos, ensayo aquí una respuesta a la joven Dulcinea Etchebarne de la Fundación Libertad y Progreso, pensando en las y los lectores de Perfil que pudieran haberse cruzado con su texto, publicado en esta misma sección, titulado Libertad educativa: una reforma impostergable.
Desde las primeras líneas hay un encono con el Estado argentino, siendo que el sistema educativo fue fraccionado por un ‘topo’ desde adentro del mismo Estado en los años ’90, con la Ley Federal de Educación. La responsabilidad de la gestión educativa es de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, que vienen trayendo una amplia diversidad de pertenencias políticas en sus conducciones en las últimas cuatro décadas.
Por otra parte, la educación de gestión privada se concentra en las cuatro jurisdicciones más ricas o con mayor concentración poblacional del país, con el extremo de CABA que atrae a más del 50% de la población estudiantil. Donde no hay negocio, “la mano invisible del mercado” es aún más invisible.
Esto no les gusta a los autoritarios
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Nadie en su sano juicio, más allá de cuestionables evaluaciones internacionales o estandarizadas (que se realizan, precisamente, en esos distritos con mayor presencia de gestión privada), puede negar que hay una crisis educativa; hay quienes sostienen que siempre la educación ha estado en crisis, quizás por su propia naturaleza.
Donde no hay negocio, ‘la mano invisible del mercado’ es aún más invisible”
Lo que tampoco se puede soslayar, es que una parte significativa de la gestión educativa está en manos de instituciones privadas -empresarias o confesionales- bajo la gobernanza institucional de administraciones esencialmente conservadoras. El “virtual monopolio estatal” en el sistema educativo es una falacia.
Quien tenga un mínimo recorrido en tareas docentes por las escuelas, sean de gestión pública o privada, sabe que los lineamientos curriculares de los ministerios, tanto nacional como jurisdiccionales, son eso: contenidos básicos, marcos de referencia, orientaciones para la labor docente. Tanto las escuelas con sus proyectos institucionales como en las aulas, hay márgenes de libertad para innovar y conectar las clases con el contexto de cada comunidad educativa. De hecho, es lo que se promueve desde una perspectiva ‘situada’.
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No hay evidencia alguna de que las familias tengan la capacidad de atender las “necesidades, ritmos de aprendizaje e intereses” de las y los niños y adolescentes, mucho menos de que puedan “tomar decisiones más ajustadas a cada trayectoria educativa”. La sola convivencia bajo un mismo techo no entrega certificados de competencia en la cuestión.
Por el contrario, fruto de problemáticas económicas y también por cuestiones sociales y culturales propias de la época, hoy en día las familias están en jaque para cumplir su parte en el contrato educativo; de nuevo, quien esté en contacto con ellas, sabe cuán difícil se les está haciendo sostener su rol. El home schooling es una fantasía propia de élites en países con mayor capacidad económica, tal como lo fue en la Edad Media y siglos posteriores.
Los directivos están saturados de tareas administrativas. Las y los docentes, agobiados por salarios que crecen por debajo de la inflación, multiplican sus ocupaciones y, además, deben lidiar con tendencias que les exceden, por ejemplo, las que se vinculan con el uso de los teléfonos con acceso a redes sociales, juegos y cámaras.
Frente a las dificultades que atraviesa el sistema educativo, la solución no necesariamente pasa por fragmentarlo más ni por discutir una ley que malgaste el uso de la palabra libertad para correr el eje de lo verdaderamente importante. La mejora competitiva perfectamente puede darse por emulación y por proyectos compartidos por instituciones que puedan motivarse mutuamente a producir experiencias valiosas, siempre y cuando existan las condiciones materiales para ello.
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Ahí está la madre del borrego, en tiempos en que se reduce sustancialmente el presupuesto destinado a educación, a pesar de los preceptos legales existentes.
Por supuesto, en todos los niveles de la comunidad educativa y también a nivel social tenemos debates que darnos para mejorar las trayectorias escolares, con los pies en el aula y no en puras estadísticas, idearios desgastados y promesas de castillos de cristal.
