Antonio Sanguino (60 años, Ocaña, Norte de Santander) sonríe mientras habla. Político de izquierda y ministro del Trabajo de Colombia desde hace un año y un día, es la cabeza de una política salarial que ha dado un nuevo impulso al Gobierno de Gustavo Petro: un aumento del salario mínimo del 23,7% para 2026, cuando la inflación de 2025 fue del 5,1%. El incremento, mayor que el solicitado por los sindicatos y sustentado en la propuesta de que el salario pase de ser mínimo a “vital”, ilusionó a buena parte de las bases de la izquierda en un año electoral. Esa alegría se ha convertido en indignación en la última semana, pues el viernes pasado un magistrado del Consejo de Estado lo suspendió. También le dio al Gobierno hasta este sábado para emitir un decreto que mantenga un aumento mientras esa alta corte toma una decisión de fondo. El presidente lo ha revelado poco después de esta conversación: se mantiene el mismo incremento.
Horas antes de esa noticia, ya la emoción es palpable. Mientras EL PAÍS conversa con el exsenador de la Alianza Verde en su despacho, en un piso 25 del edificio que fuera la sede de un banco, en el centro de Bogotá, desde las calles llega un redoble de tambores. “Debe ser que ya empezaron a marchar los pelados [jóvenes] del SENA”, dice el ministro en referencia a los estudiantes de la entidad estatal de educación técnica, uno de los grupos de interés que se han activado en respuesta a la convocatoria de movilizaciones. “Ni un peso atrás”, ha denominado el presidente a las concentraciones con las que, explica Sanguino, buscan que “los amigos del Consejo de Estado vean y escuchen la preocupación de la gente” por el salario mínimo. Acto seguido, da un parte de tranquilidad: “En el decreto provisional que nos pidieron se mantendrá el salario vital”. Y así ocurrió.
Pregunta. Hoy es un día particularmente movido. El Gobierno convoca a marchas en defensa del aumento del salario mínimo y debe emitir un decreto temporal. ¿Tienen más frentes de acción?
Respuesta. Ayer [por el miércoles] interpusimos un recurso de súplica contra la medida cautelar. Ese recurso, en condiciones normales, se demora. Pero si el Consejo de Estado corrió para expedir una medida cautelar sin antecedentes, lo lógico es que corra también para resolver la súplica antes de que se cumplan los ocho días calendario que nos dieron. No tiene sentido que resuelvan la súplica después de que el Gobierno, por obligación, haya expedido un decreto transitorio.
P. Usted insiste en que la suspensión no tiene antecedentes. ¿Por qué lo considera tan excepcional?
R. Nunca antes en este país se había producido una decisión judicial para suspender un decreto de salario mínimo. Y es todavía más exótico que pidan un decreto provisional, algo que no existe en la ley colombiana. Es un exabrupto, una cosa absolutamente exótica. Y, además, por la velocidad, que no tiene comparación con el único antecedente que existe.
P. ¿Cuál es ese antecedente?
R. Cuando el mismo Consejo de Estado revocó el aumento del salario mínimo para 2016, porque encontró que el aumento había sido demasiado bajo. Esa vez lo hizo en 2017, cuando ya no tenía efecto práctico. Esta vez, tras la vacancia judicial, en menos de un mes admitieron 38 demandas, unificaron las 16 que pedían una medida cautelar y el magistrado del caso tomó la decisión de suspender el decreto. Es irresponsable: piden un nuevo decreto en ocho días calendario, que estará vigente solo mientras se pronuncian de fondo. Es decir, podríamos tener tres salarios mínimos diferentes en dos meses. ¿Qué mercado laboral aguanta eso?
P. Tampoco tenía antecedentes un aumento tanto mayor que la inflación y, sobre todo, sustentado sobre el concepto de la remuneración vital y móvil. ¿Por qué lo hace así este año, el último del Gobierno? ¿Es por las elecciones?
R. No, es porque creemos que eso debe ser así. Aquí hay un punto estructural: Colombia tiene una Constitución con grandes alcances democráticos, pero muchas reglamentaciones posteriores, hechas por el Congreso, han terminado limitando esos alcances o legislando en contra del espíritu constitucional. Por eso muchas discusiones terminan resolviéndose en sentencias de control constitucional. En este caso, reivindicamos que se aplique plenamente el artículo 53 de la Constitución. La Ley 278 de 1996, que establece el proceso para definir el aumento anual del salario mínimo, terminó mutilando el alcance de ese mandato. Recordemos que la Corte Constitucional, cuando revisó una demanda contra esa ley en 1999, dijo que era constitucional siempre y cuando se incluyera en el cálculo el salario mínimo vital y móvil, de forma prevalente frente a criterios como la inflación o la productividad.
P. Cuando usted dice “prevalente”, ¿qué significa en la práctica?
R. Significa que el aumento debe guiarse por un conjunto de principios constitucionales: la protección especial del trabajo, la función social de la empresa, la dirección de la economía por parte del Estado, la protección del ingreso de los trabajadores… Son principios que pueden entrar en tensión entre sí, pero que deben prevalecer sobre los criterios de la ley. Si todo fuera automático, bastaba con una fórmula matemática y listo: ¿para qué negociación, para qué comisión, para qué concertación?
P. ¿Entonces el Gobierno está diciendo que el Consejo de Estado leyó las variables como si fueran objetivas y matemáticamente exactas?
R. Lo que vemos es una lectura restringida. El magistrado acoge el argumento de que el Gobierno no tuvo en cuenta unas variables “objetivas” de la Ley 278. Incluso menciona el salario vital, pero lo pone en el mismo nivel de las variables de la ley, y olvida la palabra clave: prevalente. Para nosotros, cada una de esas variables es discutible: ¿qué es productividad total de factores?, ¿qué es productividad del trabajo?, ¿qué salarios se contabilizan?, ¿qué empleo se mide?, ¿cómo se interpreta el impacto sobre informalidad? Eso depende de doctrinas económicas; no hay una sola verdad técnica.
P. ¿Y por qué esta es la primera vez, en un Gobierno que ha hecho cuatro aumentos, que se aplica esa lógica?
R. Porque fue solo en 2025, cuando fui a Ginebra a una reunión de la Organización Internacional del Trabajo, que el Gobierno convocó un informe de institución sobre el salario vital en el país. Es más, fue el primer insumo que llevamos a la mesa de concertación laboral, que se reunió en diciembre. Pero, más allá de eso, el Gobierno ha tenido una política consistente de lograr incrementos sustanciales. El primer incremento del presidente Petro fue del 16%, acordado con sindicalistas y empleadores; luego vino uno del 12% y el último fue del 9,5% porque la inflación iba bajando. Al final, en este cuatrienio, el salario nominal subió el 37,6% y el real cerca del 18,5%. Pasó de un millón a dos millones de pesos.
P. ¿No tiene nada que ver con que sea año electoral, como dice la oposición?
R. No. Ahora, tiene efectos electorales, por supuesto. Pero el sector laboral ya se adaptó al cambio, los precios ya incorporaron ese costo, las empresas ya pagaron tres quincenas. Por eso los empresarios han dicho que lo sostendrán, que no quieren alterar la paz laboral. Tampoco queremos cambiar la contabilidad de los hogares que ya contaban con ese ingreso para comprar una nueva nevera o un televisor para ver el Mundial o los Consejos de Ministros [risas].
P. ¿Le sorprendió ver a los candidatos de la derecha pidiendo a los empresarios que mantengan un salario mínimo que poco antes criticaban?
R. Esa es la voltereta del siglo. Hace veinte días nos decían populistas, que estábamos haciendo una irresponsabilidad, y ahora aparecen pidiéndole al empresariado que lo mantenga. Los que están haciendo cálculos electorales son ellos.
P. Bueno, siguen diciendo que están en contra, solo que lo entienden como un hecho cumplido. Por otro lado, ellos, y especialmente las PYMES, piden ayuda porque el impacto en sus cuentas es innegable.
R. La asimetría de las PYMES es real, pero no se debe al salario; es estructural, pues ellas son más intensivas en mano de obra. Además, nuestro sistema tributario trata igual al pequeño que al grande. Por eso tenemos incentivos: entregamos hasta un 35% del salario a empresas que empleen jóvenes, personas con discapacidad o madres cabeza de hogar. También teníamos prevista una tasa diferencial de renta, que se nos quedó en el aire por otra suspensión judicial, la de la emergencia económica en la Corte. En todo caso, vamos a aumentar líneas de crédito porque las PYMES son intensivas en mano de obra. Vamos a tomar medidas.
“Soy keynesiano: al aumentar el salario generamos un círculo virtuoso. Ese dinero no se va a Madrid o Miami; va a la tienda de la esquina”
Antonio Sanguino
P. Otra crítica es que el aumento lleva a más informalidad laboral…
R. O puede ocurrir lo contrario. Existe la hipótesis inversa: si el empleo formal paga mejor y ofrece estabilidad y protección social, una parte de la gente puede preferir engancharse a lo formal en vez del rebusque. Y esa es una discusión que depende de doctrinas y de evidencia.
P. Suena como si el informal estuviera ahí por decisión propia…
R. De acuerdo. Nadie serio diría que la informalidad es un hobby, es estructural. Pero en la economía existen incentivos y planteo una hipótesis. No es automático que subir el salario mínimo dispare informalidad; puede pasar lo contrario, o puede no pasar nada significativo si hay acompañamientos de política pública. Hay que recordar que este Gobierno recibió la informalidad en 58,5% y va en 55%. Estamos formalizando 500.000 trabajadoras domésticas, 440.000 que trabajan en plataformas digitales y 60.000 madres comunitarias. Y yo soy keynesiano: al aumentar el salario, generamos más demanda agregada, 830.000 millones de pesos más al mes. Ese dinero no se va a Madrid o Miami; va a la tienda de la esquina, a la modista del barrio, a los útiles escolares. Es un círculo virtuoso.
P. Una pregunta práctica: más allá del debate jurídico, si el decreto transitorio mantiene el aumento, para el trabajador “no pasa nada” en su bolsillo. ¿Por qué convocar a las movilizaciones?
R. Porque sí pasa algo: pasa confianza. Cuando se introduce la idea de que el salario puede cambiar de un día para otro, se afecta la certeza. Por eso el decreto transitorio mantendrá el ingreso. Esto no es un capricho del Gobierno: es una situación creada por una decisión judicial sin precedentes.
