En su primer día como presidente encargado del Perú, José María Balcázar ha recibido una carta en su despacho proveniente de la cárcel y con la firma de Pedro Castillo, el maestro sindical que ganó las elecciones de 2021 y fue cesado un año y medio después por intentar un autogolpe que duró apenas 180 minutos. En el documento, Castillo expresa una solicitud formal: recibir el indulto presidencial.
“Soy una víctima de un proceso judicial que, a mi criterio y al de vastos sectores de la población, constituye una persecución política bajo la apariencia de un juicio penal”, explica el hombre del sombrero que a fines de noviembre fue sentenciado en primera instancia a once años y medio de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. Sus abogados han sostenido desde el inicio que su mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022 fue una proclama y que, como nadie se levantó en armas, no debería estar tras los barrotes.
Se trata de la primera “papa caliente” de José María Balcázar, quien gobernará durante cinco meses hasta entregar el mando el 28 de julio. Balcázar comparte la misma agrupación política que Pedro Castillo: Perú Libre y, por tanto, se han desatado muchas suspicacias sobre cómo manejará el asunto. “No está en la agenda porque uno siempre tiene que trabajar sobre hechos concretos, materiales y objetivos”, dijo poco después de haber recibido la banda presidencial.
Ha trascendido que Balcázar habría prometido el indulto a Castillo en la antesala del pleno extraordinario que lo eligió como el sucesor de José Jerí. Él lo ha negado tajantemente. Sea como fuere, en su carta, Pedro Castillo deja entrever que Balcázar le debe algo: “Señor Presidente, solicito tener por presentada esta solicitud de indulto, evaluarla bajo el principio de humanidad y, finalmente, conceder el indulto y la consecuente libertad al suscrito, honrando así la palabra empeñada y escribiendo una página de reconciliación en la historia del Perú”.
La vacancia de Castillo por incapacidad moral permanente desató una ola de protestas que no han cesado en los últimos tres años. En ese clima de tensión, durante el periodo de Dina Boluarte, las fuerzas del orden asesinaron a medio centenar de manifestantes, la mayoría de la sierra sur del Perú.
El encarcelamiento de Castillo, además, ha abierto diversos frentes diplomáticos con los vecinos de Perú en la región. En 2023, se retiró a los embajadores peruanos en México, Colombia y Honduras luego de un fuego cruzado con sus mandatarios. En noviembre pasado las tensiones escalaron a niveles sin precedentes: Perú rompió relaciones definitivamente con México por un pedido de asilo político de la exprimera ministra de Castillo, Betssy Chávez, quien continúa recluida en la sede de la embajada en Lima desde entonces.
No obstante, un eventual indulto a Castillo no podría ser posible por su situación legal. Según el nuevo reglamento vigente, el indulto es la potestad para perdonar la pena solo a condenados con “sentencia consentida o ejecutoriada”. Para que un presidente otorgue un indulto, el proceso judicial debe haber concluido de forma definitiva en todas sus instancias. Pedro Castillo no cumple con ese requisito técnico. Fue condenado en primera instancia y apeló dicha resolución. El Ejecutivo recién podría proceder si la condena se ratifica. La única figura excepcional sería el indulto humanitario, pero este exige acreditar una grave enfermedad o condición médica.
El indulto, en cualquier escenario, tendría un alto costo político. Diversos analistas han advertido que una decisión de esa naturaleza podría profundizar la polarización, reactivar protestas y generar nuevas tensiones con el sistema de justicia. Para Balcázar, el pedido de Castillo no solo es una prueba jurídica, sino también una definición política que podría marcar por completo el breve tramo final de este accidentado periodo presidencial.
