El secuestro masivo de 10 mineros en Sinaloa en enero ha visibilizado otra arista más de la crisis de seguridad que durante años ha golpeado al sector de la minería en México, espoleada por la explosión de los precios de la plata y el oro. Las organizaciones criminales, que ejercen el control territorial en algunas de las zonas más abundantes en recursos minerales y metálicos, extorsionan a empresas nacionales y extranjeras, elevando los costes de producción y sus presupuestos en seguridad. Las compañías se ven forzadas a pagar el derecho de piso o directamente a contratar a proveedores relacionados con sus extorsionadores. En un México donde este delito va al alza y afecta a la economía nacional, el crimen contra un grupo de trabajadores indigna a la vez que pone en duda cuándo la estrategia de lucha de la Administración mexicana conseguirá atajar efectivamente este problema. Mientras, en Estados Unidos, donde estos grupos son considerados organizaciones terroristas, el riesgo para las empresas que pagan para poder trabajar llega por la vía legal.
Para John Price, asesor de empresas que aterrizan en Latinoamérica —incluidas mineras—, una combinación de factores de mercado y criminalidad han sido determinantes en el secuestro de los trabajadores de la canadiense Vizsla Silver. “Los precios de la plata están en un nivel récord, y, en momentos así, la actividad de los mineros informales e ilegales aumenta mucho”, señala el director general de la firma Americas Market Intelligence. “Todos entran en el negocio de la minería aunque no sean mineros, incluyendo a bandas, pequeñas o grandes del crimen organizado”, añade. El precio de la plata se ha incrementado más de 120% en los últimos seis meses, mientras que el del oro ha crecido 50%, ante la búsqueda refugio de los inversores por la incertidumbre financiera y comercial que ha afectado a otros activos de mayor riesgo.
Esta bonanza en el negocio lleva a que tanto los mineros formales—como los de Viszla Silver— como los informales acaben expuestos a la violencia de los carteles. “La realidad es que para muchos mineros, no solo canadienses sino también mexicanos, es muy difícil, si tienes una mina de escala o estás en plata u oro, evitar la interferencia del crimen organizado que está muy involucrado en la minería”, agrega Price.
Ya entrado febrero, los cuerpos de al menos cinco de los trabajadores secuestrados han sido identificados en fosas clandestinas cercanas a El Verde, un poblado a unos 40 kilómetros del lugar de la desaparición. En un comunicado este jueves, Vizsla Silver confirmó que las otras cinco personas siguen desaparecidas y que están en contacto con las familias de las víctimas para dar apoyo financiero y práctico. “La seguridad de los empleados es una de nuestras mayores prioridades y, desde el secuestro, Vizsla Silver ha realizado inversiones significativas en seguridad y manejo de riesgos”, se lee en el texto.
“Estamos trabajando con experimentados y reconocidos asesores de seguridad”, añadió, subrayando que mantienen una política de cero tolerancia contra el soborno, la corrupción y la extorsión. Explica que, aunque las operaciones físicas del proyecto están suspendidas, el trabajo de ingeniería se sigue realizando de forma remota. La empresa no ha precisado, hasta ahora, cómo era la seguridad en el campamento donde fueron secuestrados sus empleados.
La Administración de Donald Trump ha elevado la presión para cortar el flujo de ingresos hacia el crimen organizado, por lo que en febrero de 2025 designó a ocho cárteles y grupos criminales, incluyendo a Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, como organizaciones terroristas. Basado en este cambio, las empresas que ceden a la extorsión podrían ser objeto a investigaciones penales, acusados de lavar dinero o financiar su actividad. Esto ya ha resultado en congelamiento de cuentas bancarias de algunas empresas, así como la intervención de tres entidades financieras mexicanas, por casos relacionados a legitimación de capitales.
Desde el Gobierno mexicano, se ha dicho que los mineros secuestrados fueron confundidos con rivales por Los Chapitos, uno de los grupos criminales de la zona, aunque haya trascendido que su captura fue dentro del campamento minero. Además, la explotación tuvo que detener sus actividades hace menos de un año debido a las condiciones de seguridad. Este crimen también presiona la estrategia de seguridad de la Administración de Claudia Sheinbaum, que llegó al poder a finales de 2024, justo cuando comenzó la guerra civil dentro del Cartel de Sinaloa entre los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y los sucesores de Ismael El Mayo Zambada.
Este no es el único caso reciente. El pasado junio, tres mineros fueron ejecutados en la comunidad de La Capilla del Taxte, en el municipio de Concordia, y en febrero de 2025 la mina San Rafael en el municipio de Cosalá, Sinaloa, propiedad también de una empresa canadiense, paró sus actividades por inseguridad. Medios locales publicaron que desde 2017 seis minas —cuatro en Concordia y dos en Cosalá— habían tenido que detener operaciones temporalmente por hechos de violencia. Tampoco esta problemática se limita a Sinaloa. La Cámara Minera de México, en su último informe, asegura que el 97% de las empresas mineras han sufrido algún tipo de delito, siendo los más comunes el robo hormiga y la extorsión, concentrándose en los Estados de Durango, Zacatecas y Guanajuato.
Destaca además la minera canadiense Telson Mining, que en 2019 suspendió sus actividades en la mina Campo Colorado en Arcelia, Guerrero, por las extorsiones de la Familia Michoacana. Esta situación está reflejada en los documentos de la Secretaría Nacional filtrados por el colectivo Guacamaya, donde se señala, al menos desde 2015, que “Johnny Hurtado Olascoava, alías El Pez, es el líder máximo de la organización delictiva y responsable de los secuestros y extorsiones a las mineras y otras empresas de la región”. En 2016, seis trabajadores de la mina Beneficiadora de Minerales Temixco, justo en Arcelia, fueron secuestrados.
“Una manera muy común de colaborar con el crimen organizado, y es algo que sucede en todo México, es que los grupos saben que no pueden extorsionar directamente a las mineras”, agrega el consultor Price. Las empresas se ven ante el dilema de enmascarar sus pagos por la presión de Washington para cortar el financiamiento al “narcoterrorismo”, así como por la necesidad de mantenerse apegadas a otras leyes de ese país, donde muchas se financian en los mercados de acciones. “Por eso compran diferentes compañías que son proveedoras de las mineras: los transportistas que llevan a los trabajadores desde los campos donde duermen, los proveedores de comida, los de transporte que llevan el extracto de tierra al procesador”. De esta manera, asegura, las compañías pueden mitigar las amenazas del crimen organizado sin incumplir directamente la regulación o la gobernanza de sus organizaciones.
En agosto de 2024, la consultora Stratop Risk Consulting publicó un informe en el que analiza los problemas que los grupos criminales crean en la industria minera en México. Los casos de extorsión y derecho de piso aumentaron un 16% sólo entre 2021 y 2022 y estos pagos generan un incremento del 3% en los costos de producción, además de obligar a mayores presupuestos para seguridad. En 2015, un ejecutivo de la minera canadiense McEwen Mining, con explotaciones en Sinaloa, aseguró que su empresa mantenía una “buena relación” con los carteles de la droga mexicanos, que tenían que dar su permiso para explorar nuevos yacimientos. Este análisis además puso en el foco otra derivada del problema: los grupos criminales llevan al desplazamiento forzado de las comunidades que se oponen a los proyectos en regiones de alta conflictividad minera.
“En el caso de la minería, hemos observado que algunas empresas de este sector se ven en la necesidad de establecer contactos con los grupos criminales para poder operar”, explica Armando Vargas, coordinador del programa de seguridad de México Evalúa, organización que ha estudiado estos fenómenos en su estudio Empresas bajo fuego: Victimización y resiliencia del sector empresarial en México. “Esto es debido a que en algunas regiones de México, el crimen organizado marca las reglas del juego en algunas partes del territorio nacional. Les resulta menos costoso este contacto directo que entrar dentro de la dinámica de cobro de piso y extorsión, que son básicamente un impuesto criminal”, añade.
Esto no afecta únicamente al sector minero, sino que es común en el resto de esferas de la economía mexicana. Un 50% de los empresarios de la patronal Coparmex sostiene que ha sido víctima de un delito y solo la mitad considera que hay buenas condiciones de inversión. Así, la extorsión, además de ser uno de los pocos delitos de alto impacto que van al alza, termina siendo una amenaza a los planes para acelerar la actividad industrial y económica enarbolados por la mandataria.
