La justicia británica ha dado la razón a todos aquellos que desde hace casi un año consideraban que el Gobierno laborista de Keir Starmer había cruzado una barrera muy peligrosa para los derechos y las libertades de los británicos, al declarar organización terrorista al grupo Acción Palestina. Tres magistrados del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales han declarado ilegal aquella decisión, que entró en vigor el pasado mes de junio y provocó desde entonces las detenciones de más de 2.700 personas que salieron a la calle a dar su respaldo a la organización proscrita.
Aunque el tribunal ha establecido que su decisión no tenga efecto inmediato, y por tanto Acción Palestina seguirá bajo la categoría legal de organización terrorista para dar tiempo al Gobierno a recurrir la decisión judicial, la Policía Metropolitana de Londres se ha apresurado a anunciar que ya no detendrá a los manifestantes que decidan salir a la calle en apoyo del grupo. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ya ha anunciado su intención de recurrir una sentencia que ha calificado de “decepcionante”.
Los magistrados han considerado en su sentencia que equiparar a la organización con grupos terroristas como Al Qaeda o ISIS era algo “desproporcionado”. Admiten que algunos de los actos de sabotaje llevados a cabo por Acción Palestina podrían ser considerados actos terroristas bajo los parámetros de la Ley Antiterrorista del 2000, pero en la mayoría de los casos hubiera bastado con utilizar otra tipología de delito para sancionar esas actividades.
“La naturaleza y la escala de las actividades de Acción Palestina que pudieran haber entrado en la definición de terrorismo no habían alcanzado todavía un nivel, escala o persistencia que hiciera necesario la prohibición del grupo”, afirma la sentencia.
El tribunal ha dado de este modo respuesta a la demanda presentada por Huda Ammori, la activista co-fundadora de Acción Palestina, cuyo equipo jurídico argumentó que la medida constituía una restricción autoritaria del derecho a la protesta. El Tribunal Superior admitió dos motivos de impugnación, incluyendo que la prohibición constituía una interferencia desproporcionada en el derecho a la libertad de expresión y la libertad de reunión.
Ammori, que ha celebrado la sentencia junto a centenares de personas a las puertas del tribunal, la ha definido como una “victoria monumental”. “Fuimos prohibidos porque el sabotaje de Acción Palestina al mayor fabricante de armas israelí, Elbit Systems, costó a la empresa millones de libras en beneficios y en contratos”, ha dicho. “Hemos usado las mismas tácticas empleadas a lo largo de la historia por otras organizaciones de acción directa, incluidos algunos grupos antibelicistas a los que Keir Starmer defendió en los tribunales”, ha señalado la activista, al recordar el pasado como abogado especialista en derechos humanos del actual primer ministro británico. “La prohibición de Acción Palestina fue siempre un intento de apaciguar a los grupos proisraelíes y a los fabricantes de armas. Nunca tuvo nada que ver con [la lucha contra] el terrorismo”, ha denunciado.
El Gobierno laborista de Keir Starmer decidió a principios de este verano que Palestine Action (Acción Palestina), responsable de multitud de actos de sabotaje contra intereses israelíes en el Reino Unido, fuera catalogada como terrorista, y se aplicaran a sus miembros y a todos los que la apoyaran condenas mucho más duras que las de un mero delito de daños a la propiedad pública o privada, o de sabotaje, como se ha achacado a la organización.
A mediados de junio, dos de sus activistas traspasaron las vallas metálicas de seguridad de la base aérea militar de Brize Norton, la mayor del Reino Unido, y condujeron sus motocicletas eléctricas hasta dos aviones de transporte y reabastecimiento de combustible Voyager KC. Con ayuda de extintores rellenados de pintura, tiñeron de rojo los motores de las dos aeronaves, y provocaron algunos daños en su estructura con unas barras de hierro. Todo fue grabado convenientemente y difundido en las redes.
En la primera manifestación de apoyo al grupo, celebrada ante el Parlamento británico, la policía detuvo a más de 700 personas que expresaron su apoyo público a Acción Palestina. Varias decenas de ellas superaban los 70 años.
Algunas voces, como las de la escritora Sally Rooney, el guionista y cineasta Paul Laverty -el esposo de la directora Icíar Bollaín, arrestado el 25 de agosto en Edimburgo por vestir una camiseta que denunciaba el genocidio palestino- o el escritor Ronan Bennet, han cargado con dureza contra Starmer, y le han acusado de un recorte de libertades.
