Antes del amanecer del 10 de febrero, la Fiscalía de Ecuador ejecutó un operativo en el que detuvo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el marco de una investigación bautizada como Goleada. Según la información oficial, se le vincula con presuntos delitos de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. El operativo no solo involucró al alcalde, sino también a dos de sus hermanos y otras ocho personas, algunas de ellas vinculadas al municipio de Guayaquil y al popular club Barcelona Sporting Club, presidido por uno de los hermanos de Álvarez. Todos fueron trasladados a Quito para enfrentar una audiencia de vinculación de cargos en la que, entonces se conocerá la hipótesis completa de la Fiscalía.
Este es el segundo frente judicial que enfrenta el alcalde de Guayaquil. El primero, conocido como el caso Triple A, está relacionado con el presunto delito de comercialización ilegal de combustibles. Antes de asumir la alcaldía, Álvarez estaba al frente de negocios en el sector de distribución de combustibles y gasolineras. Por ese caso, se le impuso el uso de un grillete electrónico y fue llamado a juicio junto a otras 21 personas. Sin embargo, el proceso ha sufrido diversas suspensiones, y está previsto que inicie en los próximos días.
Ramiro García, abogado defensor de Álvarez, aseguró que el nuevo caso se refiere, en términos generales, a los mismos hechos que el Triple A, aunque en esta ocasión es por el delito de lavado de activos. “Ahora le han agregado lavado de activos”, indicó García, refiriéndose a la comercialización ilícita de combustibles de hace cinco años por la que ya es acusado Álvarez.
Como es habitual en la Fiscalía —para personajes públicos—, el operativo se realizó a primeras horas de la madrugada. En sus redes sociales, la institución publicó imágenes de los indicios incautados durante los allanamientos: teléfonos móviles, dispositivos USB, computadoras portátiles, dinero en efectivo y documentos que, según la Fiscalía, estarían relacionados con la investigación. También señalaron que el alcalde no portaba el grillete electrónico, aunque su abogado insistió en que el dispositivo estaba cargándose como todos los días, y que el dinero incautado no estaba en la residencia de Álvarez.
La detención generó una rápida reacción. Desde el entorno político y legal de Álvarez, se ha insistido en que se trata de una persecución política dirigida contra el principal opositor del presidente Daniel Noboa, una jugada para desviar la atención de los problemas estructurales que enfrenta el país, especialmente en el ámbito social y de la justicia. El Ejecutivo, sin embargo, no ha emitido declaraciones que despejen esas dudas.
En Ecuador, por ahora, no hay espacio para respirar. El país vive una jornada tras otra de conflictos políticos que no dan tregua. En apenas unas horas, una sucesión de decisiones administrativas, movimientos judiciales y operativos policiales volvió a sumir a los ecuatorianos en una sensación de incertidumbre permanente, en un contexto donde la población ya sobrevive al día a día entre la violencia, la precariedad económica y la desconfianza institucional.
La última cadena de eventos comenzó en la medianoche del mismo martes, cuando los consejeros del Consejo de la Judicatura, organismo clave para la administración de justicia, convocaron a una sesión extraordinaria en la madrugada para designar a un presidente temporal. El contexto de esto arrastra semanas, en las que Mario Godoy, su presidente, está siendo investigado en un juicio político en la Asamblea, debido a denuncias sobre presiones ejercidas sobre un juez anticorrupción, con el fin de favorecer a un narcotraficante de origen serbio, Jezdimir Srdan, condenado por lavar 11 millones de dólares. La esposa de Godoy fue parte de la defensa inicial del serbio, y también ha defendido a otros criminales de alto perfil, como Fito, líder de la banda Los Choneros, el primer narcotraficante ecuatoriano extraditado a Estados Unidos.
Godoy solicitó por segunda ocasión una licencia, lo que habría permitido la posesión automática de su suplente, Alexandra Villacís, como presidenta del Consejo. Sin embargo, esta vez, se encontró con un impedimento registrado en el sistema gubernamental que le imposibilitó a asumir la presidencia de manera temporal. El bloqueo administrativo apareció sin explicaciones claras, y alimentó las sospechas de interferencia política en una institución clave para la justicia ecuatoriana. Al final, el Consejo de la Judicatura eligió a Damián Larco, una figura cercana al Ejecutivo, para ocupar el cargo.
La sucesión de eventos no terminó ahí. En la madrugada, Leonardo Cortázar, implicado en un caso de corrupción que involucra al cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y que fue el detonante para su salida abrupta, llegó a Ecuador después de su extradición. Pasada la una de la mañana, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad en Santa Elena. El movimiento podría generar nuevas tensiones tanto para el expresidente como para su movimiento CREO. Horas después, a primera hora de la mañana, un nuevo golpe —no se sabe si el último— sacudió el tablero político, esta vez con la detención de Aquiles Álvarez.
Mientras tanto, Guayaquil —hoy considerada la ciudad más violenta de Ecuador y una de las más peligrosas de la región, con una tasa de 85 homicidios por cada 100 mil habitantes— se encuentra sin su máxima autoridad. Y Ecuador continúa atrapado en una cadena de acontecimientos que se encadenan sin pausa, en un escenario donde la política, lejos de ofrecer soluciones o estabilidad, parece profundizar la sensación de asfixia colectiva.
