Renata Cambra lleva varios días sin dormir en su casa ni acudir a la sede de su partido en Lisboa. En el colegio donde da clases de portugués alertó por si observaban presencias extrañas. No se siente segura desde que la Policía Judicial detuvo a 37 miembros del grupo neonazi 1143, cuyo líder, Mário Machado, está en la cárcel por incitación al odio y a la violencia contra la profesora. Aunque no ha dejado de hacer activismo, tiene los miedos y las precauciones de quien está en una diana.
En enero de 2022, Renata Cambra se presentó a las elecciones legislativas de Portugal por el Movimiento Alternativa Socialista (MAS) y adquirió notoriedad suficiente para que los círculos de extrema derecha se fijasen en ella. Cuando Machado propuso en una conversación en X “la prostitución forzosa para las mujeres del Bloco de Esquerda”, su interlocutor, Ricardo Pais, sugirió ampliarla a todas las políticas de la izquierda y reservar para Cambra “un tratamiento VIP”. “Servirán para motivar a las tropas en la reconquista”, agregó Pais.
Tras la denuncia de Cambra, un juzgado rechazó considerar aquello un diálogo “humorístico” como argumentaron los acusados y los condenó. Machado, que ya había pasado entre rejas por diferentes delitos (secuestro, extorsión, coacciones…) diez años que aprovechó para fortalecer musculatura y cerebro (se licenció en Derecho), encadenó recursos para eludir la prisión mientras dinamizaba el grupo 1143 con acciones cada vez menos clandestinas, aunque finalmente acabaría entrando en la cárcel. Antes acudió a provocar el pasado 25 de abril a los manifestantes que cada año conmemoran la caída de la dictadura en Portugal en 1974 y organizó protestas en Lisboa y Oporto contra el islam y a favor de la “reemigración”. La acción más grave del grupo fue la agresión a dos asiáticos en un área de servicio cometida por varios miembros del grupo.
“La presencia online y el espacio ganado por un discurso político contra los inmigrantes ayuda a que salgan de la clandestinidad, incluyendo acciones a cara descubierta”, señala Cátia Moreira de Carvalho, que ha investigado los extremismos en la Universidad Dublin City y en la Universidade Nova de Lisboa. “Es difícil afirmar que tengan un apoyo masivo, pero hay señales claras del crecimiento de estos grupos extremistas en los últimos años. El grupo 1143 tiene millares de seguidores en Instagram, Telegram o X”, añade.
Cuando la policía desplegó el pasado día 20 la operación Irmandade, el grupo neonazi se preparaba para comprar armas y convertirse en una milicia. “Hemos actuado de forma preventiva porque no queremos volver a tener gente que quede discapacitada, que vea incendiarse sus casas o que acabe muerta”, afirmó el director de la Policía Judicial, Luís Neves.
Machado seguía liderando desde la cárcel las acciones del grupo, estructurado en 20 núcleos territoriales (incluidos dos en Francia y Suiza). Entre lo más inmediato pretendían provocar a la comunidad musulmana con ofensas a Mahoma. Pero Renata Cambra considera que no solo buscan “una guerra racial”. “Son un grupo violento y organizado que coloca en primer lugar el ataque contra los inmigrantes, pero detrás van las mujeres, el colectivo LGTBI y las personas que no comparten su visión. Se preparan para una guerra civil”, afirma.
Entre los detenidos había un militar, un policía y algunos afiliados de Chega, el partido de ultraderecha, cuya creación ha dado nuevos bríos a los grupúsculos neonazis. Los delitos de odio no son nuevos, pero se han disparado desde la aparición de la formación populista en 2019: han pasado de 63 a 347 en 2024. Varias organizaciones compiten por ese espacio. En 2025, la policía desmanteló el Movimiento Armilar Lusitano, una milicia que preparaba un ataque contra una institución.
Supremacistas y ultranacionalistas, el grupo 1143 no lleva un nombre baladí. En 1143 el rey Alfonso VII de León reconoce en Zamora la independencia del antiguo condado Portucalense proclamada por su primo, Afonso Henriques. “Es un número patriótico, por así decir”, subraya el periodista João Amaral Santos, uno de los primeros en investigar al grupo y a su líder.
“Mário Machado nació en una familia de clase media y se radicaliza a partir de los 15 años, cuando se integra en la facción de extrema derecha de la Juventude Leonina del Sporting de Lisboa”, explica el reportero. La madrugada del 10 de junio de 1995, después de celebrar el Día de Portugal, un grupo de skinheads recorre el Barrio Alto y el Chiado de Lisboa atacando a personas de piel negra. Diez sufren heridas graves, pero se recuperan. El lusocaboverdiano Alcindo Monteiro, de 27 años, no tuvo esa suerte. Se convirtió en la primera víctima de un crimen racista de la democracia portuguesa. A Machado, entonces de 18 años, le detienen esa noche, pero los tribunales no consideran probado que participase en la paliza mortal. Le condenan por otras ocho agresiones. La sentencia acaba con su deseo de hacer carrera militar o policial. El cabo Machado, que entrenaba perros policías, es expulsado de la Fuerza Aérea.
A partir de ahí, profundiza en el lado oscuro. Trabaja como vigilante en clubes de striptease y funda sus propios colectivos extremistas que, según João Amaral Santos, son “insignificantes”. “En 2019, las cosas cambian cuando aparece André Ventura con su discurso antiinmigración. Machado se da cuenta de que hay más espacio para un movimiento y que le puede ayudar a normalizar un discurso violento”, indica.
En 2019, el líder de Chega entra en la Asamblea de la República con una oratoria feroz. Crecerá a la velocidad de la luz. En seis años ha conseguido convertirse en la segunda fuerza parlamentaria, con 60 diputados y casi millón y medio de votos. La normalización del discurso de odio es un hecho. “Por primera vez, Machado participa en un programa matinal de televisión para debatir si Portugal necesita otro Salazar [dictador entre 1932 y 1968]. Las personas dejan de tener vergüenza en mostrar su apoyo a un supremacismo blanco y él se aprovecha muy bien de eso”, concluye el periodista.
En octubre de 2023 Machado reactiva el grupo 1143, fundado y luego extinguido entre seguidores del Sporting. En las redes tiene un impacto notable, pero también organiza encuentros y comidas distendidas. Simulaban actos solidarios mientras almacenaban bates, armas, libros sobre Salazar y Hitler y propaganda supremacista (White Lives Matter). Pese a ello, su abogada, Mayza Consentino, insistió en el carácter inofensivo: “Es un grupo patriótico, de reuniones sociales y no hay cómo acusarles. Están amparados por la Constitución portuguesa”, declaró a la televisión SIC.
En la Constitución reside un debate que escalda. El artículo 46 regula la libertad de asociación, a la que solo pone reparos en los apartados 1 y 4, donde se excluyen del derecho a constituirse aquellas organizaciones que promuevan la violencia, que tengan una naturaleza paramilitar o “que adopten la ideología fascista”.
Teresa Violante, que ha sido letrada del Tribunal Constitucional y es profesora de Democracia y Estado de Derecho en la Universidad Nova de Lisboa, explica que en los estatutos de estos grupos no suelen figurar fines violentos que permitirían la intervención de la justicia. “Pero cuando de su práctica o actuaciones se puede concluir que lo son, se puede defender la democracia y el orden público en diferentes niveles. Uno es el derecho penal si cometen delitos y otro es la Constitución si se concluye que son asociaciones paramilitares que incitan a la violencia”, expone. Ahora bien, aclara la constitucionalista, Portugal sufrió una dictadura de 48 años y “ve con mucha desconfianza la censura de la libertad de expresión”. “Hay una diferencia con Alemania. Su Constitución es de 1948 y la nuestra o la española son de los setenta. Son mucho más optimistas que las redactadas al final de la Segunda Guerra Mundial, había confianza en el progreso y el ser humano”, reflexiona.
“La prohibición de grupo plantea dilemas constitucionales sensibles. La libertad solo puede limitarse de forma excepcional, pero esto cambiaría si se les clasifica como grupo terrorista. Entonces podrían prohibirse todas sus actividades”, sostiene la investigadora Cátia Moreira de Carvalho. Y ahí Machado y los suyos tienen algo a favor. Los grupos de extrema derecha se benefician de cierta renuencia de las autoridades a declararlos organizaciones terroristas por tener raíces comunes (color de piel, valores culturales y religiosos…). “Existe un sesgo que ya está muy bien documentado en la literatura científica”, desvela.
