La Justicia Federal avanzó en una causa que vuelve a poner bajo sospecha a la dirigencia sindical. El Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 2 de San Martín dispuso el procesamiento de autoridades de la Unión de Personal de Seguridad Privada (UPSAP) y de su abogado por los presuntos delitos de estafa procesal, falsificación ideológica y uso de documentos falsos, en el marco de un expediente que investiga un embargo superior a los 720 millones de pesos contra la empresa Securitas Argentina S.A.
Según la investigación judicial, los imputados habrían utilizado un certificado de deuda sindical con información presuntamente falsa para obtener una medida cautelar que afectó la totalidad de las cuentas bancarias de la firma. La maniobra se habría apoyado en la presunción de legitimidad legal que la normativa otorga a este tipo de certificados, lo que —de acuerdo con la acusación— permitió ejecutar un crédito que no tendría sustento real.
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Certificados cuestionados y pericias contables
De acuerdo con pericias contables incorporadas al expediente, Securitas Argentina no registraba deudas por aportes sindicales correspondientes al período comprendido entre 2018 y 2022, pese a lo consignado en el certificado utilizado para impulsar el embargo. Este punto constituye uno de los ejes centrales de la causa.
Durante el proceso judicial, representantes del sindicato reconocieron inconsistencias en la documentación presentada. Entre ellas, admitieron que el certificado incluía montos vinculados a otras empresas y que parte de los cálculos se basaban en estimaciones y no en datos contables concretos.
Otro aspecto clave para la Justicia fue la marcada diferencia entre el monto inicialmente ejecutado —más de 104 millones de pesos en concepto de capital— y una certificación posterior aportada por los propios imputados, que reducía esa cifra a poco más de 5 millones de pesos. Para el juzgado, esta disparidad refuerza la hipótesis de que el embargo se habría sustentado en información carente de respaldo real.
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El principal procesado es Julio Norberto Gutiérrez, secretario general de UPSAP, un dirigente con una trayectoria política vinculada al kirchnerismo en la provincia de Santa Cruz. A lo largo de su carrera ocupó distintos cargos públicos, entre ellos el de ministro de Trabajo provincial.
Su figura ya había quedado envuelta en controversias en 2024, cuando su domicilio fue allanado en el marco de un episodio policial de alto impacto mediático, que derivó en su salida del Gobierno santacruceño. Ese antecedente vuelve ahora a adquirir relevancia en un contexto judicial que reactiva cuestionamientos sobre su rol sindical y político.
Junto a Gutiérrez, el juzgado procesó a otro funcionario del sindicato y al abogado de la entidad, a quienes consideró presuntos coautores de los delitos investigados. En todos los casos, la Justicia dispuso embargos millonarios como parte de las medidas adoptadas.
Un caso que reabre el debate sobre controles y transparencia
El avance de la causa vuelve a poner en discusión los mecanismos de control judicial sobre los reclamos sindicales y el uso de herramientas legales que pueden tener un fuerte impacto económico sobre las empresas. En particular, el expediente expone los riesgos asociados a la ejecución automática de certificados de deuda que gozan de presunción legal, pero que podrían ser utilizados de forma fraudulenta.
Mientras la investigación continúa, el caso UPSAP se suma a otros procesos judiciales que colocan bajo la lupa la transparencia sindical y sus vínculos con el poder político, en un escenario donde la Justicia busca determinar si el embargo millonario fue resultado de una maniobra deliberada o de irregularidades graves en la documentación presentada.
LB/ML
