Las muertes por los disparos de agentes federales de Alex Pretti y Renee Good, dos estadounidenses de 37 años, en Minneapolis han acelerado una ofensiva legislativa en Estados gobernados por demócratas para poner freno a las autoridades migratorias y exigir responsabilidades por abusos y violaciones a los derechos constitucionales. Las iniciativas son un desafío directo a la agenda antimigrante del Gobierno de Donald Trump, que incluyen desde habilitar demandas civiles contra los agentes hasta restringir la cooperación de policías locales con los federales.
Mientras el Congreso negocia imponer nuevos límites a los agentes migratorios como condición para financiar el Departamento de Seguridad Nacional, cuyo presupuesto termina el 14 de febrero, las legislaturas estatales han redoblado esfuerzos para sacar adelante proyectos que en algunos casos llevaban meses en el tintero, impulsados por lo que describen como una creciente “impunidad” de los agentes federales en medio de una “escalofriante ola de terror”. Los hechos de Minneapolis se suman a una escalada de confrontación que se intensificó el verano pasado, cuando Trump ordenó el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles sin el consentimiento del gobernador, tras una ola de protestas contra las redadas masivas, y que se ha extendido a otras ciudades gobernadas por demócratas.
“Las tácticas agresivas de la segunda Administración Trump han generado un renovado sentido de urgencia entre gobiernos estatales y locales para impulsar cambios destinados a proteger a sus comunidades inmigrantes de formas perjudiciales de control migratorio”, explica Ann García, abogada sénior del National Immigration Project, por correo. “Se trata de un intento por llenar un vacío grave de rendición de cuentas que hoy impide que personas cuyos derechos constitucionales y civiles han sido vulnerados por funcionarios federales puedan presentar demandas civiles”.
California ha sido uno de los principales laboratorios de este enfoque. La semana pasada, el Senado estatal aprobó la llamada ley No Kings, que permitiría presentar demandas civiles en tribunales estatales contra funcionarios federales —incluidos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)— por violaciones a los derechos constitucionales como la libertad de expresión y la protesta pacífica, registros y detenciones ilegales, y prácticas discriminatorias basadas en raza, nacionalidad o política. La medida es una protección “frente a las tácticas cada vez más agresivas, ilegales y violentas de esta Administración”, dijo la senadora estatal demócrata Lena González, presidenta del Caucus Legislativo Latino y coautora de la ley.
Los legisladores californianos también han impulsado propuestas para prohibir los arrestos de migrantes cerca de los tribunales, limitar la cooperación policial con el ICE y prohibir que agentes estatales o locales trabajen simultáneamente para el Departamento de Seguridad Nacional. El Estado también pasó una ley llamada “No a la Policía Secreta” que prohíbe a los agentes utilizar máscaras durante interacciones con el público. Aunque el Gobierno de Trump impugnó la medida, varios Estados azules la han replicado.
Los legisladores demócratas han promovido iniciativas con distintos enfoques. En Colorado, por ejemplo, un proyecto de ley busca una vía para que quien resulte lesionado durante un operativo migratorio pueda demandar en los tribunales estatales a los agentes federales. En Delaware se debate un proyecto que retira los beneficios fiscales a las aerolíneas que colaboren en las deportaciones, mientras en Wisconsin se analiza una propuesta similar a la ley No Kings, que permitiría presentar demandas civiles por violaciones de derechos constitucionales. En el Estado de Washington, los legisladores discuten una iniciativa que prohíbe recolectar información sobre el estatus migratorio en las escuelas. Y en Nueva York, la fiscal general anunció un programa de observadores legales para monitorear operaciones de inmigración y documentar posibles abusos.
Los legisladores de siete Estados incluso emprendieron en diciembre un esfuerzo coordinado, combinando propuestas de leyes estatales con demandas presentadas por fiscales generales demócratas.
El profesor Muzaffar Chishti, investigador sénior del Migration Policy Institute, señaló que antes esas coaliciones se centraban sobre todo en litigios —como los desafíos al veto migratorio o a la norma de “carga pública”—, pero ahora están coordinando también cómo responder políticamente.
“Esto evidencia lo rápido que ha cambiado el clima político en el país. Hace apenas unos meses habría sido considerado políticamente suicida que los Estados intentaran limitar la aplicación de las leyes migratorias, dado que la elección de Trump giró en gran medida en torno al endurecimiento del control migratorio. Sin embargo, tras lo ocurrido en Los Ángeles y Chicago, muchos han empezado a percibir un punto de inflexión. Puede que parte de la opinión pública apoyara la aplicación estricta de las leyes migratorias, pero ese respaldo parece haberse erosionado. Lo que antes era un punto políticamente beneficioso para los republicanos se ha convertido en un lastre, y los Estados azules están viendo una oportunidad para poner límites a lo que el ICE puede hacer”.
El hecho de que incluso el Gobierno federal esté dispuesto a negociar algunos aspectos de la aplicación de las leyes migratorias —como el uso de cámaras corporales en Minneapolis— muestra que estas presiones están teniendo efecto a nivel federal, apuntó.
La estrategia, sin embargo, plantea interrogantes legales. Stephen Yale-Loehr, profesor retirado de derecho de la Universidad de Cornell y experto en inmigración, advierte que se trata de un terreno jurídico complejo. “La inmigración ha sido considerada una política nacional, no de 50 Estados distintos. El derecho migratorio es ley suprema y prevalece sobre las leyes estatales; sin embargo, los Estados pueden promulgar sus propias sanciones civiles y penales, y cuando estas se cruzan con la inmigración, resulta difícil determinar cuál va a prevalecer”, explica.
García, del National Immigration Project, agrega que aunque el Gobierno federal tiene lo que se conoce como preeminencia en materia migratoria, “los Estados y las autoridades locales pueden optar por no cooperar con el Gobierno federal en esas labores”. La ley “no obliga a los Estados a permanecer pasivos cuando ese poder se ejerce de manera abusiva. Mientras el Congreso no actúe para limitar la inmunidad calificada y establecer mecanismos de responsabilidad en los 50 Estados, los gobiernos estatales y locales están utilizando las herramientas a su alcance para proteger a sus residentes, y en algunos casos, esas acciones podrían salvar vidas”, sostiene.
Respuesta republicana
En Estados gobernados por republicanos, el panorama es el opuesto, e incluso se han aprobado leyes que refuerzan la agenda migratoria de Trump. En Florida, por ejemplo, la legislatura abrió su sesión el mes pasado con un paquete de medidas promovido por el gobernador Ron DeSantis que incluye desde restricciones a los préstamos y otros servicios financieros para personas con estatus irregular hasta sanciones a las empresas que los contraten.
Yale-Loehr recuerda que la Administración Trump ya ha comenzado a impugnar judicialmente varias de estas leyes estatales. El Gobierno federal ha presentado demandas contra California e Illinois, argumentando que estas leyes estatales son inconstitucionales y ponen en riesgo la seguridad de los agentes federales. “Habrá que esperar a ver cómo se pronuncian los tribunales a nivel federal”, señala el experto. El tema podría llegar eventualmente al Tribunal Supremo, asegura.
La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, señaló en un correo electrónico que “lo que estos Estados están intentando hacer es ilegal, y lo saben. Los funcionarios federales que actúan en el ejercicio de sus funciones están protegidos de responsabilidad bajo la ley estatal. Los políticos están culpando a las fuerzas del orden en lugar de mirarse al espejo y reconocer cómo han alimentado el odio y los ataques violentos que estamos viendo contra los agentes federales”.
