Si queremos asegurar el bienestar superior de todos los niños, es ineludible reconocer un hecho incómodo pero evidente: el Estado argentino ha fallado de manera persistente en su función de garantizar una educación de calidad para todos.
Lejos de tratarse de un problema coyuntural, el país arrastra décadas de resultados educativos deficientes que hoy se traducen en trayectorias escolares frágiles y aprendizajes insuficientes para millones de alumnos.
En contraste con la tendencia observada durante las últimas dos décadas, donde casi todos los países han mejorarado sus resultados en las pruebas PISA, Argentina registró un deterioro, al descender de 418 puntos en 2000 a 402 puntos en 2018, quedando por detrás de Chile, Uruguay, Perú y Colombia en el ranking regional.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Consideramos que una reforma educativa orientada a promover la libertad educativa es indispensable para superar un esquema de virtual monopolio estatal que, lejos de garantizar calidad e igualdad, ha derivado en falta de innovación, rigidez institucional y resultados persistentemente insatisfactorios.
El fracaso que vimos en las últimas décadas demuestra que concentrar las decisiones educativas en estructuras centralizadas debilita los incentivos para mejorar y limita la diversidad de proyectos pedagógicos.
Solo 16 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma con aprendizajes adecuados”
En este contexto, en el que solo 16 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma con aprendizajes adecuados, resulta clave reconocer el rol central de los docentes, los directivos escolares y, especialmente, de las familias.
Son ellos quienes acompañan cotidianamente a los niños, conocen de primera mano sus necesidades, ritmos de aprendizaje e intereses, y pueden tomar decisiones más ajustadas a cada trayectoria educativa. Por eso, una verdadera reforma debe avanzar en la descentralización del sistema y en el fortalecimiento del derecho de las familias a elegir.
Innovar o fracasar: la encrucijada de los maestros
Promover la libertad educativa implica permitir que las familias puedan elegir entre distintas modalidades, ya sea la escuela pública tradicional, propuestas privadas, homescholingu otras alternativas emergentes,sin imposiciones arbitrarias por parte del Estado. Lejos de debilitar el derecho a recibir una educación de calidad, esta diversidad amplía las oportunidades y, siempre que se asegure un piso mínimo de calidad, favorece la innovación pedagógicay el surgimiento de nuevas alternativas que permitan personalizar la educación para que todos los niños desarrollen su potencial.
Esto no implica un sistema sin reglas ni igualdad de oportunidades. La libertad educativa requiere un marco de derechos y responsabilidades en el que cada escuelapueda competir en base a resultados, calidad pedagógica y satisfacción de las familias. Para que sea exitoso, es crucial que existan evaluaciones transparentes para medir aprendizajes y que el financiamiento esté orientado hacia quienes aprenden, no hacia estructuras burocráticas cuya eficiencia es discutible.
Este mecanismo debe estar basado en incentivos como vales educativos o fondos que acompañan al estudiante y priorizan a las familias.
La evidencia internacional muestra que la competencia escolar, cuando está bien regulada, eleva estándares y fortalece el rol de las familias.
En el estado de Estado de Florida, por ejemplo, los programas de school choice (charter schools y vouchers focalizados) mejoraron los resultados en lectura y matemática no solo en las escuelas elegidas sino también en las públicas tradicionales, que al estar expuestas a mayor competencia debieron mejorar sus estándares.
Además, se registraron efectos positivos en graduación y acceso a la universidad, especialmente entre alumnos de menores ingresos.
En Suecia también existe un sistema de vouchers universales que permite elegir entre escuelas públicas y privadas financiadas por el Estado, sin selección ni aranceles. El resultado fue mayor diversidad de proyectos educativos, mayor satisfacción de las familias e incentivos claros a la innovación, con mejoras moderadas pero consistentes en el desempeño promedio.
Apostar por la libertad educativa no es una aventura ideológica ni un salto al vacío, sino una respuesta responsable y basada en evidencia frente a un sistema que no está cumpliendo su promesa básica: garantizar que todos los niños aprendan.
Argentina necesita un Estado que deje de monopolizar decisiones y pase a cumplir un rol más inteligente: establecer reglas claras, evaluar con transparencia, asegurar un piso de calidad y acompañar especialmente a quienes más lo necesitan, mientras permite que familias, escuelas y comunidades desplieguen su capacidad de innovar y elegir lo que mejor funciona.
Si realmente queremos un país con más oportunidades, movilidad social y dignidad, ha llegado el momento de animarnos a transformar el sistema educativo, poniendo en el centro a los estudiantes, a sus familias y al derecho de cada niño a recibir la mejor educación posible.
* Coordinadora del área de desarrollo humano en la Fundación Libertad y Progreso
